JACKSON, Miss. — El gobierno federal está investigando si las agencias estatales de Mississippi discriminaron a la capital del estado, de mayoría negra, al negarse a financiar mejoras para su sistema de agua defectuoso, dijo el jueves la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
El anuncio se produjo días después de que los líderes de dos comités del Congreso dijeran que estaban iniciando una investigación conjunta sobre una crisis que dejó a la mayoría de los hogares y negocios en Jackson sin agua corriente durante varios días a fines de agosto y principios de septiembre.
La EPA le dio a Noticias la primera confirmación de que está realizando una investigación civil, no penal, del Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi y el Departamento de Salud del Estado de Mississippi. La agencia federal podría retener dinero del estado si encuentra irregularidades, potencialmente millones de dólares. Si las agencias estatales no cooperan con la investigación, la EPA podría remitir el caso al Departamento de Justicia.
Las fuertes lluvias de fines de agosto exacerbaron los problemas en la planta principal de tratamiento de agua de Jackson. El gobernador republicano Tate Reeves declaró una emergencia el 29 de agosto y el departamento de salud estatal y la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi han estado supervisando las operaciones y reparaciones en las instalaciones desde entonces.
Aproximadamente el 80% de los 150.000 residentes de Jackson son negros y aproximadamente una cuarta parte de la población vive en la pobreza. Para cuando Reeves emitió la orden de emergencia, a los residentes de Jackson ya se les había dicho durante un mes que hiervan el agua para eliminar posibles contaminantes. Voluntarios y la Guardia Nacional habían repartido millones de botellas de agua potable. Aunque el aviso de hervir el agua se levantó a mediados de septiembre, muchos residentes siguen siendo escépticos sobre la seguridad del agua.
El presidente de la NAACP, Derrick Johnson, que vive en Jackson con su familia, calificó la investigación de la EPA como un paso en la dirección correcta después de años en los que el estado retuvo los fondos federales necesarios para mejorar el sistema de agua de la ciudad.
“Creemos que brindamos pruebas convincentes de que el estado de Mississippi intencionalmente privó a la ciudad de Jackson de los recursos para mantener su infraestructura de agua”, dijo Johnson a The AP el jueves. “Queremos que la EPA y esta administración presenten un curso de acción para evitar que el estado de Mississippi vuelva a hacer esto”.
Johnson fue nombrado entre varios residentes en la denuncia de derechos civiles de la NAACP contra Mississippi. Dijo que la inacción del estado y el historial de desinversión en Jackson equivalen a una “negligencia sistémica”.
“Creemos que todos los ciudadanos de este país deberían tener derecho a agua potable limpia y fresca”, dijo Johnson. “Desafortunadamente, vivimos en un estado que todavía se ocupa de la política racial. Y como resultado de eso, hay líderes estatales que buscan penalizar a los residentes afroamericanos de la ciudad de Jackson de una manera muy discriminatoria”.
La AP informó en septiembre que años antes de que Reeves se convirtiera en gobernador, promocionó su propio historial de conservadurismo fiscal citando su oposición a gastar dinero estatal para la infraestructura de agua y alcantarillado en ruinas de Jackson. La EPA no está investigando a Reeves.
Reeves dijo el jueves que el estado tomó el control del sistema de agua de Jackson debido a la “absoluta y total incompetencia” del alcalde y la administración demócratas de la ciudad. Los últimos comentarios del gobernador son una escalada de la disputa entre él y el alcalde Chokwe Antar Lumumba sobre si el estado o la ciudad decidirán si una empresa privada operará el sistema de agua de Jackson.
“Han demostrado que no tienen la capacidad de administrar el sistema de agua”, dijo Reeves a los periodistas durante un evento en la Mansión del Gobernador, según un video del evento de WLBT-TV.
Melissa Payne, portavoz de la ciudad, dijo que Lumumba no respondería a las declaraciones del gobernador.
En una queja federal del 27 de septiembre, la NAACP dijo que los funcionarios de Mississippi “prácticamente aseguraron” una calamidad de agua potable al privar a Jackson de los fondos que tanto necesitaba para mejorar su infraestructura. La organización le pidió a la EPA que investigara el supuesto patrón del estado de desviar dinero a comunidades de mayoría blanca con menos necesidades.
El grupo dijo que la negativa del estado a financiar mejoras en Jackson culminó con el colapso casi total del sistema de agua a fines de agosto. Durante 25 años, Jackson recibió fondos de un importante programa federal solo tres veces, dijo la NAACP. Cuando Jackson trató de financiar las mejoras por sí mismo, esos esfuerzos fueron bloqueados repetidamente por los líderes políticos estatales, según la denuncia.
La NAACP quiere que la EPA se asegure de que, a partir de ahora, los fondos federales se distribuyan equitativamente.
Reeves dijo el jueves que el estado ha comprado productos químicos y ha contratado trabajadores para la planta de agua desde que declaró la emergencia, luego de que la ciudad no hiciera ambas cosas.
La NAACP presentó su queja bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe a los destinatarios de fondos federales discriminar por motivos de raza u origen nacional. Si bien anteriormente la ley rara vez se usaba para perseguir asuntos ambientales, la administración Biden ha aumentado sus esfuerzos de aplicación en comunidades sobrecargadas por la contaminación.
Recientemente, la EPA dijo que tenía evidencia preliminar de que los funcionarios de Luisiana permitieron que la contaminación del aire se mantuviera alta y minimizaron la amenaza para los residentes negros que viven en la sección industrial del estado comúnmente conocida como callejón del cáncer. La agencia también abrió una investigación sobre el programa de permisos de aire de Colorado y sobre los funcionarios estatales y locales en Alabama por problemas crónicos de aguas residuales en el condado de Lowndes, de mayoría negra.
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El periodista de Associated Press Michael Phillis en St. Louis contribuyó a este despacho. Daly informó desde Washington y Morrison informó desde Nueva York.