“Seguimos en total desacuerdo con las acciones de la CPI relacionadas con las situaciones de Afganistán y Palestina”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado que anunció el fin de las sanciones. “Mantenemos nuestra objeción de larga data a los esfuerzos de la Corte para hacer valer la jurisdicción sobre el personal de Estados no Partes como Estados Unidos e Israel. Sin embargo, creemos que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de mediante la imposición de sanciones “.
En septiembre de 2020, la administración Trump impuso sanciones económicas a los principales funcionarios de la CPI, incluida la fiscal jefe Fatou Bensouda. Las sanciones congelaron cualquier activo estadounidense que Bensouda pudiera haber tenido.
A principios de 2020, Trump autorizó el uso de tales sanciones contra la CPI y también declaró la situación de emergencia nacional, calificando a la corte como una “amenaza” para los EE. UU.
El año anterior, la administración Trump había revocado la visa estadounidense de Bensouda, citando sus esfuerzos por investigar presuntos crímenes en Afganistán. También dijo que prohibiría las visas para otras personas vinculadas a la corte, aunque dio pocos detalles.
Las decisiones asombraron a los activistas de derechos humanos, así como a algunos gobiernos. Docenas de países reprendieron las medidas de Trump, emitiendo una declaración que, aunque no mencionaba a Estados Unidos, decía que “no se debe tolerar ningún intento de socavar la independencia de la corte”.
El anuncio del viernes señaló que Biden había revocado una orden ejecutiva emitida por Trump que ofrecía una base legal para imponer las sanciones a los funcionarios de la CPI.
Entre los que presionaron a la administración Biden para que levantara las sanciones de la CPI se encontraba la representante Ilhan Omar, una demócrata progresista de Minnesota. Omar elogió el anuncio del viernes.
“El personal de la Corte Penal Internacional son servidores públicos que dedican su vida a hacer cumplir los crímenes más atroces imaginables”, dijo en un comunicado. “Si queremos estar a la altura de nuestros valores de respeto por los derechos humanos y las normas democráticas, Estados Unidos debería liderar la búsqueda de la justicia internacional, no bloquearla”.