Las empresas pueden ser creativas cuando quieren defenderse de un desafío del gobierno a una fusión ilegal. Como presidente de la Comisión Federal de Comercio, escuché que las posibles partes que se fusionan hacen todo tipo de compromisos para ser mejores ciudadanos corporativos si tan solo nos retractáramos de una demanda. Si nos abstenemos de demandar para bloquear la fusión, prometen que reducirán sus huellas de carbono, retribuirán a la comunidad, etc. Estos compromisos a veces caen bajo el título de ESG, por factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Algunos en las corporaciones estadounidenses parecen pensar que la FTC no impugnará un acuerdo ilegal si aprobamos su impacto ESG.
Están equivocados. Las leyes antimonopolio no nos permiten hacer la vista gorda ante un trato ilegal solo porque las partes se comprometen a algún beneficio social no relacionado. Las leyes que hacemos cumplir son explícitas: prohíben las fusiones que “puedan disminuir sustancialmente la competencia o tiendan a crear un monopolio”. No nos piden elegir entre buenos y malos monopolios. Nuestro mandato legal es detener la disminución de la competencia “en cualquier línea de comercio”. Por lo tanto, no podemos actuar como negociadores, permitiendo una competencia reducida en un mercado a cambio de algún compromiso o beneficio no relacionado en otro.