En unas pocas semanas comenzaré mi vigésimo cuarto año como profesor de derecho en la Universidad George Mason. El año pasado me ofrecí como voluntario para enseñar en persona, a pesar de que tengo 50 años. Enseñar derecho es mi trabajo y les debo a mis alumnos lo mejor. También sabía que podía hacerlo de forma segura. Durante la primavera de 2020 contraje y me recuperé de Covid-19, que luego confirmé a través de una prueba de anticuerpos positiva. Desde entonces, múltiples pruebas de anticuerpos positivas han confirmado que sigo teniendo un nivel sólido de protección inmunológica.
Pero ahora mi empleador, una institución estatal, exige vacunas Covid. En mi caso, la vacunación es innecesaria y potencialmente peligrosa. Mis únicas otras opciones son enseñar de forma remota o buscar una exención médica que me requiera usar una máscara, permanecer socialmente distanciado de la facultad o los estudiantes durante, digamos, horas de oficina, y someterme a exámenes semanales.
Sería imposible para mí desempeñar mis funciones lo mejor que pudiera en tales condiciones. La administración ha amenazado a quienes no se sometan con medidas disciplinarias, incluido el despido. Esta semana, los abogados de interés público de la New Civil Liberties Alliance presentaron una demanda en mi nombre, desafiando el requisito de vacunación obligatoria de la universidad para aquellos con inmunidad adquirida naturalmente. Este mandato coercitivo viola mi derecho constitucional a la integridad corporal sin ninguna razón imperiosa.
Los estudios clínicos de Israel, la Clínica Cleveland, Inglaterra y otros lugares han demostrado sin lugar a dudas que la inmunidad natural al SARS-CoV-2 proporciona una protección sólida y duradera contra la reinfección comparable o mejor que la proporcionada por las vacunas más eficaces. Al examinar la evidencia en mayo, la Organización Mundial de la Salud concluyó: “La evidencia actual apunta a que la mayoría de las personas desarrollan fuertes respuestas inmunitarias protectoras luego de una infección natural con el SARS-CoV-2”.
La protección de la inmunidad natural puede incluso exceder la de la vacuna Johnson & Johnson menos efectiva, que según los CDC demostró solo un 66,3% de efectividad en la prevención de infecciones en ensayos clínicos.
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