Las familias de 14 reclusos que murieron en una cárcel de West Virginia el año pasado en medio de informes de condiciones deplorables, violencia desenfrenada y servicios médicos inadecuados exigen una investigación federal sobre lo que dicen es negligencia por parte de las autoridades estatales.
Recientemente se registró la decimocuarta muerte en la cárcel regional del Sur en Beaver, West Virginia. Herbert Doss, de 48 años, que llevaba tres meses encarcelado, murió por causas que aún se desconocen.
La alarmante ola de muertes ha provocado protestas de la Campaña de los Pobres de West Virginia, una rama del movimiento nacional. La campaña se ha unido a familias en duelo y otros grupos de defensa para presentar una queja ante la división de derechos civiles del departamento de justicia de EE. UU. pidiendo una investigación federal completa sobre las muertes “sin sentido y trágicas”.
Las familias que trabajan con la Campaña de los Pobres han acusado a los funcionarios estatales de no investigar a fondo las muertes. Kim Burks, cuyo hijo Quantez Burks, de 37 años, murió el 1 de marzo de 2022, menos de 24 horas después de ser ingresado en la cárcel regional del Sur, dijo: “No permitiremos que esta injusticia continúe. Nunca vamos a parar hasta que obtengamos justicia para Quan”.
Una autopsia independiente organizada por la familia encontró signos de trauma por fuerza contundente en el cuerpo de Quantez, incluidas las costillas fracturadas. “Los hallazgos fueron consistentes con estar esposado mientras era golpeado”, dijo Kim Burks. “Sus dos muñecas estaban rotas, tenía un brazo roto, la nariz rota y un hueso de la pierna roto”.
En la última década, más de 100 reclusos han muerto en las cárceles regionales de West Virginia. La racha de 13 muertes solo en la cárcel regional del sur en 2022 marcó un aumento preocupante en la mortalidad, frente a una sola muerte en la institución en 2018.
El reverendo William Barber, copresidente de la Campaña de los Pobres, dijo que a los hombres y mujeres encarcelados en la cárcel se les debía el derecho a la misma protección ante la ley. “No podemos permanecer en silencio mientras los pobres de Virginia Occidental de todas las razas mueren bajo la vigilancia de las cárceles estatales”.
En una entrevista con The Guardian, Barber dijo que el pedido de una investigación federal de derechos civiles provenía de familias blancas y negras por igual. “Este no es un problema de raza pura. El hecho de que haya familias blancas y negras unidas en un momento de tanta división es fundamental”.
También se presentó una demanda colectiva por violaciones de derechos civiles en la cárcel regional del sur ante un tribunal federal en nombre de casi 1,000 reclusos actuales y anteriores. El documento de 89 páginas pinta una imagen devastadora de falta de personal, hacinamiento, violencia endémica y una infraestructura en descomposición que ha creado condiciones terribles dentro de las celdas.
“Un Gulag ruso de los años 50 o 60 no podría haber sido peor que el de Virginia Occidental en 2023”, dijo a The Guardian Stephen New, coabogado de la demanda. “Los presos se están matando unos a otros y a sí mismos. Los guardias están instruyendo a las pandillas de mujeres para que golpeen a las prisioneras. Es distópico”.
New representa a la familia de Kimberly Gilley, quien murió en diciembre en la cárcel regional del sur después de que presuntamente fuera brutalmente agredida sexualmente por otras reclusas que buscaban drogas que sospechaban que estaban escondidas dentro de su cuerpo.
Gilley estaba bajo custodia por una violación de libertad condicional por un cargo original de robo en una tienda. New dijo que después del ataque recibió atención médica inadecuada.
“No hay pena de muerte en Virginia Occidental”, dijo New. “Kimberly no merecía la pena de muerte por robar en una tienda”.
Gran parte de la información contenida en la demanda colectiva ha sido proporcionada por cuatro oficiales correccionales actuales o anteriores en la cárcel regional del sur que se presentaron como denunciantes. Uno de los denunciantes dijo en una declaración jurada que el hacinamiento era tan grave que las celdas de dos personas con frecuencia alojaban de tres a cuatro reclusos, mientras que se han informado hasta seis.
La capacidad de la cárcel regional del sur es de 468 reclusos, pero la población actual es de 711. Se le informó a la legislatura de West Virginia que hay más de 800 vacantes para trabajos correccionales en las cárceles y prisiones del estado.
La denuncia dice que incluso el número limitado de celdas designadas para la protección de los reclusos suicidas están extremadamente superpobladas. Uno de los denunciantes recordó que hasta 16 reclusos fueron colocados en una sola celda suicida de aproximadamente 120 pies cuadrados, donde los dejaron durante días.
En los últimos años, la falta de inversión ha llevado al desmoronamiento de la infraestructura. Muchas celdas no tienen agua corriente, lo que deja a los reclusos con acceso limitado o nulo al agua potable.
Los lavabos a menudo están agrietados o tienen fugas, y los reclusos pueden terminar durmiendo en el piso sin un colchón en un charco de agua del lavabo o del inodoro, “o incluso desechos del inodoro”, alega la denuncia. Los inodoros suelen estar rotos e infestados de insectos o gusanos.
La demanda colectiva alega que los funcionarios penitenciarios “golpean regularmente a los reclusos sin justificación como una forma de castigo por presentar o intentar presentar una queja, por replicar o rechazar órdenes”. Se dice que los reclusos que son llevados a la unidad médica de la cárcel para recibir tratamiento después de una paliza se “resbalan en la ducha” o “se caen por las escaleras”.
En un comunicado, un portavoz de la división de correccionales y rehabilitación de West Virginia dijo que estaban comprometidos con la “seguridad, la calidad de vida y el bienestar de quienes están bajo el cuidado del sistema legal en nuestro estado. Nos solidarizamos con los amigos y familiares de aquellos que han experimentado la pérdida de un ser querido que fue puesto a nuestro cuidado”.
El portavoz dijo que el gobernador republicano de Virginia Occidental, Jim Justice, y el liderazgo del departamento de correccionales cooperarían con todas las investigaciones sobre las muertes.
Uno de los presos que murió fue Alvis Shrewsbury, de 45 años, padre de tres hijos que fue enviado a la cárcel regional del sur con una sentencia de seis meses por conducir con una licencia suspendida. Según una presentación legal en un tribunal federal esta semana, Shrewsbury fue objeto de ataques brutales por parte de otros reclusos desde el día que ingresó a la cárcel.
Las palizas se producían casi a diario y se le privaba de comida y agua. La denuncia alega que los oficiales correccionales sabían lo que estaba sucediendo pero no intervinieron.
Los familiares del preso dijeron a las autoridades que estaba débil y “muerto de hambre”, y que se quejaba de tener costillas rotas y dolor abdominal. Pero cuando fue al ala médica la enfermera le dijo “no te pasa nada”.
Murió el 16 de septiembre de 2022, 19 días después de ingresar al calabozo.
Su madre, Anna Shrewsbury, que trabaja con la Campaña de los Pobres, exigió respuestas. “Nos han hecho a un lado, el nombre de nuestro hijo ha sido olvidado por las mismas personas que se suponía que debían protegerlo. Como madre, me niego a quedarme al margen y permitir que esto le suceda a alguien más”, dijo.